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Todas las empresas públicas y privadas con 50 o más trabajadores están obligadas a que al menos el 2% de su plantilla tenga un certificado de discapacidad igual o superior al 33%.

Las sanciones van desde multas leves (751–7.500 €), graves (7.500–225.000 €) hasta muy graves (más de 200.000 €). Además, la empresa pierde la posibilidad de optar a concursos públicos. Si no puedes cubrir la cuota, puedes solicitar el Certificado de Excepcionalidad y aplicar medidas alternativas.

Debes solicitarlo ante los servicios públicos de empleo competentes, aportando una justificación técnica, económica u organizativa que acredite la imposibilidad de contratar directamente. El certificado tiene una validez de dos años.

Existen tres opciones: donaciones a fundaciones o asociaciones de inserción laboral (1,5 × IPREM), contratos con Centros Especiales de Empleo o autónomos con discapacidad para suministro de bienes o servicios, y enclaves laborales (3 × IPREM). Se pueden combinar entre sí.

Las empresas obtienen bonificaciones en la Seguridad Social, subvenciones para adaptación de puestos, mejor imagen corporativa y mayor competitividad en licitaciones públicas.