Consecuencias no cumplir LGD: 5 sanciones críticas para tu empresa

Las consecuencias de no cumplir la LGD pueden ser mucho más graves de lo que muchas empresas anticipan. Si tu organización tiene más de 50 trabajadores y no cubre la cuota de discapacidad que exige la Ley General de Discapacidad, no se trata solo de una irregularidad administrativa: las implicaciones son económicas, reputacionales y operativas, y pueden afectar directamente a la viabilidad de tu negocio.

En este artículo te explicamos en detalle qué riesgos asumes si no cumples con la LGD y qué puedes hacer para regularizar tu situación.

¿Qué obliga exactamente la LGD?

La LGD establece que toda empresa con 50 o más trabajadores debe reservar al menos el 2% de su plantilla para personas con discapacidad reconocida. Si no puedes cumplir con esta contratación directa, la ley permite acogerte a medidas alternativas, pero únicamente si cuentas con el Certificado de Excepcionalidad.

No tener ese certificado y no haber contratado a personas con discapacidad es, directamente, incumplimiento.

Consecuencias de no cumplir la LGD: sanciones económicas

La regulación de las sanciones por incumplimiento de la LGD se encuentra recogida en el Real Decreto Legislativo 5/2000, que aprueba la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS). Esta norma establece la tipificación y el rango de multas aplicables a las empresas que no respeten la cuota de reserva del 2%.

Infracciones leves

Multas de entre 60€ y 625€. Se aplican generalmente por defectos formales o incumplimientos menores de carácter documental.

Infracciones graves

Multas de entre 625€ y 6.250€ por trabajador afectado. El no cubrir la cuota de reserva del 2% entra en esta categoría.

Infracciones muy graves

Multas de entre 6.251€ y 225.018€. Se aplican cuando hay reincidencia, obstrucción a la inspección o incumplimientos especialmente relevantes.

Importante: Las sanciones se calculan por trabajador afectado y por período de incumplimiento, lo que significa que una empresa mediana puede acumular sanciones muy elevadas con relativa rapidez.

 

Más allá de la multa: otros riesgos que pocas empresas conocen

Las sanciones económicas son el riesgo más visible, pero no el único. Incumplir la LGD también conlleva:

Exclusión de contratos y licitaciones públicas

Las empresas sancionadas por incumplimiento de la LGD pueden ser excluidas de concursos públicos y licitaciones. Para negocios que trabajan con la administración, esto puede suponer la pérdida de contratos significativos.

Pérdida de beneficios fiscales

El cumplimiento de la LGD da acceso a deducciones fiscales en el Impuesto de Sociedades. Incumplirla no solo te priva de esas ventajas, sino que puede derivar en revisiones fiscales si las deducciones se aplicaron indebidamente.

Daño reputacional

Cada vez más empresas, inversores y clientes evalúan el comportamiento ESG (medioambiental, social y de gobernanza). Un expediente sancionador por incumplimiento de inclusión laboral puede tener un impacto negativo en tu imagen corporativa, especialmente en procesos de due diligence o certificaciones de responsabilidad social.

Actuaciones de la Inspección de Trabajo

La Inspección de Trabajo puede iniciar investigaciones de oficio o por denuncia. Una inspección activa puede derivar no solo en sanciones, sino en requerimientos de regularización inmediata y seguimiento continuado.

¿Cuándo prescribe una infracción de la LGD?

Conocer cuándo prescriben las consecuencias de no cumplir la LGD es clave para valorar el riesgo real al que se expone tu empresa. Los plazos de prescripción según la LISOS son:

• Infracciones leves: 1 año
• Infracciones graves: 3 años
• Infracciones muy graves: 5 años

El plazo comienza a contar desde la fecha en que se cometió la infracción, no desde que fue detectada. Sin embargo, si la Inspección de Trabajo inicia actuaciones, el plazo se interrumpe.

¿Cómo sabe la Inspección si tu empresa incumple?

Los principales canales por los que se detectan incumplimientos son:

• Denuncias de trabajadores o representantes sindicales
• Cruces de datos entre la Seguridad Social y el registro de personas con discapacidad
• Inspecciones sectoriales programadas en determinadas industrias
• Revisiones durante licitaciones públicas, donde se verifica el cumplimiento de la LGD como requisito de participación